Las mujeres con discapacidad luchan contra una barrera doble para acceder al empleo

En América Latina, trabajar, estudiar y salir de la pobreza es sistemáticamente más difícil para la población con discapacidad, pero la brecha se duplica si hablamos de mujeres. Las cifras muestran que la exclusión laboral en la región se profundiza por dos vías: la discapacidad y el género.

Esta es una realidad que no solo se evidencia en los países latinoamericanos. En el mundo trabaja el 67% de los hombres sin discapacidad, frente al 34% de los hombres con discapacidad; pero entre las mujeres, la proporción cae del 46% al 23%.

En todas las regiones del mundo, las mujeres con discapacidad son el grupo con menor acceso al empleo, y América Latina y el Caribe no son la excepción.

Uno de los principales obstáculos para las personas con discapacidad no es el desempleo abierto, sino quedar por fuera de la fuerza laboral.

Por ejemplo, en Europa y Norteamérica solo el 15 % de las personas con discapacidad tiene empleo y el 82 % está por fuera del mercado de trabajo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunque en las economías de ingresos medios y bajos, la proporción de personas con discapacidad que trabaja es más alta que en las economías desarrolladas, se mantiene la disparidad en la participación de las mujeres con discapacidad.

Trabajando para sobrevivir

No solo importa la inclusión en el mercado laboral; también cuenta la forma en que se integran las personas con discapacidad. Por ejemplo, en América Latina lo hacen más por necesidad de supervivencia que como producto de una política de desarrollo de talento y capacidades para la empleabilidad.

El resultado es que las personas con discapacidad suelen trabajar por cuenta propia, en ocupaciones muchas veces informales y que demandan poca calificación.

Además en Latinoamérica pesa un tercer factor de exclusión: la etnia, que muestra cómo muchas personas con discapacidad se integran al mercado laboral, pero en condiciones de informalidad.

Entre las personas con discapacidad que sí trabajan en la región, las que se identifican como indígenas están más en el autoempleo que las no indígenas (48% frente a 37%, en promedio).

Aquí Ecuador registra una de las brechas más amplias: 69 % frente a 39 %, es decir, 30 puntos de diferencia. Estados Unidos es la única excepción, con una brecha pequeña: 10% frente a 11%.

En este contexto, el autoempleo no se considera un indicador positivo; más bien, funciona como una medida de la precariedad en la que trabajan muchas personas con discapacidad para sobrevivir.

El mapa de la prevalencia

Medir la discapacidad en América Latina sigue siendo un reto. Miremos el mapa de prevalencia, que muestra qué porcentaje de la población de cada país tiene dificultades funcionales permanentes.

Este mapa fue elaborado por Odismet con base en los datos del censo o de la encuesta nacional más reciente de cada país; por eso, las cifras no son directamente comparables.

Por ejemplo, cada nación aplica las preguntas del Grupo de Washington —usadas para medir la prevalencia de la discapacidad— con un umbral de edad mínima diferente.

En México la discapacidad se registra desde el año cero del nacimiento, mientras que en la mayoría de los países latinoamericanos los institutos nacionales de estadística toman el rango de edad de las personas desde los cuatro hasta los seis primeros años.

Por otro lado, los países aplican umbrales de severidad distintos para medir la dificultad funcional permanente. El más amplio es el de Panamá, que incluye en sus estadísticas las dificultades leves; por eso, su tasa de prevalencia llega al 18%.

La exclusión empieza temprano

En América Latina y el Caribe, la exclusión de las personas con discapacidad empieza en la juventud, cuando se termina el ciclo de educación básica y los jóvenes entran en la adolescencia.

Según la OIT, en el continente el 32% de los jóvenes con discapacidad de entre 15 y 24 años de edad no estudia ni trabaja, frente al 18% de sus pares sin discapacidad.

Cuando los jóvenes que se acercan a la edad de trabajar (15 años) o que ya han entrado en ella quedan por fuera de la educación secundaria, de los ciclos de capacitación técnica y de la educación superior, se amplían las brechas que ya enfrentan al intentar acceder al mercado laboral.

Sin ingresos para la salud

Lo anterior ocurre en un contexto en el que siete de cada 10 hogares de personas con discapacidad son vulnerables; esto quiere decir que sus ingresos son inferiores a USD 13 al día por miembro del grupo familiar.

No son hogares pobres, pero carecen de un colchón financiero: pueden caer en la pobreza si ocurre un imprevisto o una crisis altera su frágil equilibrio económico; de ahí la importancia de que tengan acceso al empleo de calidad.

En su informe Sembrar Inclusión, el BID advierte que la pobreza moderada es más alta en los hogares latinoamericanos que tienen personas con discapacidad.

La pobreza moderada es un concepto que abarca a los hogares con ingresos de apenas 5,1 dólares al día por integrante.

Frente a un gasto catastrófico en salud —aquel que supera el 10 % del gasto total del hogar—, estas familias pueden caer por debajo de la línea de pobreza.

Este riesgo ronda al 16% de los hogares de bajos ingresos con miembros con discapacidad, frente al 12% de los hogares sin personas con discapacidad.

Edad, violencia y discapacidad

Las personas con discapacidad representan, estadísticamente, un segmento demográfico importante y en franco aumento, a medida que se eleva la edad promedio de la población latinoamericana.

“Cualquier persona que haya superado los 65 años de vida tiene un 85% de probabilidad de desarrollar una discapacidad”, dice el embajador Luis Gallegos, presidente del Directorio de la Global Initiative on Ageing and Longevity (GIA Longevity).

Al impacto que supone un cambio demográfico impulsado por la mayor longevidad de la población y unas menores tasas de natalidad se suman también otros factores, como un creciente número de accidentes de tránsito y los conflictos armados en América Latina.

El caso colombiano resalta no solo por la duración del conflicto, sino también por la presencia de “minas antipersonales (MAP), municiones sin explotar (MUSE) o artefactos explosivos improvisados (AEI)”, de acuerdo con el Reporte Especial de Personas con Discapacidad en el Marco del Conflicto Armado, de la Unidad para las Víctimas.

Desde enero de 1985 y hasta el 30 de septiembre de 2026, el Registro Único de Víctimas (RUV) de Colombia calculaba en 10.397.626 las víctimas del conflicto; de ese total, 106.162 personas habían sufrido lesiones en atentados terroristas, otras 12.755 habían sido heridas por minas antipersonales y otras 18.658 declararon tener secuelas físicas importantes.

Población crecerá dos veces y media

Considerando todos los factores ya mencionados, para 2050 el BID proyecta un aumento de al menos 60 millones de personas con discapacidad en la región, hasta llegar a 145,5 millones.

Esta previsión significa un aumento del 142,5%, o el equivalente a un crecimiento de 3,56 millones de personas por año: una cifra similar a toda la población actual de Uruguay o Costa Rica.

Nota: En la elaboración de este reporte utilizamos los siguientes modelos de IA: Claude Opus 4.8 para hacer extracción inversa de cifras; Gemini para el proceso de verificación y corrección de estadísticas en tablas interactivas.